El Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y
la Defensora del Pueblo lamentan profundamente el descenlace
violento que viene ocurriendo en el departamento del Amazonas,
ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, entre otras, que ha
ocasionado la muerte de civiles y policias y un saldo de varios
heridos.
La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe
ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades
nativas históricamente desatendidas, como las que quienes,
en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento
del orden.
Hacemos un clamoroso llamado a la serenidad y demandamos que,
de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas.
Es urgente que se atienda sin distinción a las personas
heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda
en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo,
que nunca debió ser interrumpido, y que debe ser utilizado
como la única vía para resolver pacíficamente
los conflictos.
Concientes de nuestro deber de protección de la vida
y de los derechos fundamentales de las personas, invocamos a
todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo
y la paz y nos mantenemos a disposición del país
para colaborar en lo que nos sea requerido, a fin de devolver
la tranquilidad a las poblaciones afectadas y a todo el Perú.